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Las comunidades, organizaciones ambientales y académicas constituidas como "Coalición Tierra Para Todos" DECLARAN:

Que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como fundamental un sistema democrático que asegure la libre participación del ser humano en las decisiones colectivas, y que respete los valores humanos por encimas de los intereses económicos.

Que los deberes y responsabilidades de ciudadanos responsables obliga a los mismos a tomar acciones e impedir los abusos del gobierno en detrimento del pueblo.

Que nos unimos en la "Coalición Tierra Para Todos", en defensa de nuestras comunidades, tierras agrícolas, recursos naturales como las costas, playas, humedales, quebradas entre otros, de los proyectos de los alegados "desarrollistas" y las agencias gubernamentales que atentan contra su integridad. Declaramos nuestro compromiso de tomar acciones para esta defensa.

Que tanto la Constitución, así como la Ley Sobre Política Pública Ambiental (Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004), establece como política y valor central del desarrollo sustentable, a base de objetivos que incluyen la más efectiva protección del ambiente y los recursos naturales, además de su uso para beneficio de toda la ciudadanía y para un progreso social que reconozca las necesidades de todos.

Exigimos a la Junta de Planificación que cumpla con su deber ministerial de dirigir el uso de suelo para el beneficio colectivo. Ello conlleva la validación de un Plan de Usos de Suelos adecuado y que responsa a los intereses del pueblo de PR. El mismo debe contar con la más efectiva y amplia participación de las comunidades, organizaciones ambientales, y entidades académicas que trabajen el tema de la agricultura.

El desparrame urbano existente apunta al incumplimiento de los deberes ministeriales de la JP o que ha puesto en peligro todos los ordenes del desarrollo socioeconómico de nuestra vida como pueblo.

Que solicitamos de manera urgente se reestructure la Junta de Planificación, La Administración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entre otras agencias; para que se materialice real y efectivamente la participación de las comunidades, organizaciones ambientales y académicas en el desarrollo de un Puerto Rico sustentable con el ambiente que garantice la supervivencia de las presentes y futuras generaciones. Además exigimos que en las posiciones directivas en las agencias antes mencionadas se designen a ciudadanos comprometidos y capacitados para dirigir al país a un desarrollo sustentable.

Que solicitamos que inmediatamente se identifiquen y se hagan los correspondientes deslindes de las tierras públicas por definición o patrimoniales por que pertenecen al Estado Libre Asociado, las tierras agrícolas, la Zona Cárstica, las zonas de peligro para la sociedad por ser inundables, por tsunamis, huracanes, bravatas, derrumbes y sumideros entre otros.

Que una vez identificados las tierras agrícolas, no se autorice consultas de ubicación cambiando la zonificación agrícola a urbanizable o turística. Es por eso solicitamos que no se use ni una pulgada más de tierras agrícolas y de nuestros recursos naturales para la construcción sin fines estrictamente públicos hasta tanto se apruebe el Plan de Uso de Terrenos. Es por eso que exigimos una moratoria, para la autorización de consultas de ubicación en los terrenos agrícolas y costeros.

Solicitamos urgentemente se cumpla con el deslinde de la Zona Marítimo Terrestre alrededor de toda la costa del país y que en el proceso de realizar el deslinde se cuente con la participación de las comunidades de las regiones quienes son los que verdaderamente conocen hasta donde llegan las olas del mar en temporales ordinarios y quienes se afectaran de la toma de decisiones. Después de un deslinde correcto se identifiquen y se cree un inventario de todas las propiedades que se encuentre dentro de dicha Zona.

Como parte de la garantía del libre acceso a nuestras costas, solicitamos cesar de inmediato la practica ilegal e indebida de otorgar permisos para el cierre de calles publicas que dan acceso a nuestras costas. La utilización de controles de acceso bajo el reglamento núm. 20 (Reglamento de control de tránsito y uso público de calles local) de la JP no fue creado con la intención de crear prejuicios en la igualdad de accesibilidad a nuestras costas. El mismo prohíbe claramente esta practica y menciona en su sección 3.02 se considera un perjuicio aplicar estos cierres a calles que dan al mar, ya que imposibilitaría cumplir con el reglamento #17 de accesos a las costas y playas. De igual manera imposibilitaría cumplir con las políticas publicas establecidas bajo la Ley núm. 3 del 1990 según enmendada en su art. 1 "Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar a los ciudadanos el libre y continuo acceso marítimo y peatonal a la zona marítimo-terrestre establecida en nuestro ordenamiento jurídico, así como a los predios de dominio público destinados a uso público y colindantes en dicha zona. Se reconoce y reafirma el derecho del pueblo en general al libre uso y disfrute de las playas que nos circundan".

Que exigimos que la participación de las comunidades en las proceso administrativos más que una mera formalidad de participación en vistas públicas tenga efecto real de influenciar en las decisiones administrativas.

Que rechazamos toda implicación de que la economía de nuestros ciudadanos depende únicamente y exclusivamente de la industria de la construcción, tal y como han alegado varios sectores. Por otro lado, al igual que lo hace la Ley Sobre Política Pública Ambiental en su exposición de motivos reconocemos como obstáculo a la aplicación del derecho ambiental [?] el que algunos sectores consideren que los principios de protección ambiental y de desarrollo sostenible constituyen restricciones o impedimentos para el desarrollo económico y social. Estas concepciones incorrectas o equivocadas han limitado nuestra capacidad, así como a los demás países, para detener el creciente deterioro ambiental de ecosistemas críticos y controlar la contaminación.

Exigimos sé de por recibida la información y se tomen las medidas necesarias para lograr lo aquí recomendado.