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La "ciudadanía corporativa" en el Perú republicano (1834-1896)

      
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La "ciudadanía corporativa" en el Perú republican
Cuando en 1896 la reforma electoral impulsada por Nicolás de Piérola restringió el derecho de sufragio a los ciudadanos que supieran leer y escribir, el universo de votantes del país se redujo drásticamente. Hasta entonces, el ser analfabeto no constituyó necesariamente, salvo durante un período breve, un impedimento para poder sufragar. E, incluso, cuando la Constitución de Huancayo (1839) estableció que sólo podían votar los alfabetos o letrados, se exceptuaba de ese requisito a los indígenas y mestizos de poblaciones sin escuelas, al menos hasta 18443.

En efecto, después de una primera década de ensayos liberales -cuya máxima expresión fue la Constitución de 1828, que estableció el sufragio universal masculino- la ley electoral de 1834 sentaría las bases de un cambio sustancial: la restricción del derecho al sufragio bajo una lógica corporativa.

Es decir, establecerá requisitos de acuerdo a perfiles colectivos o según la pertenencia a cuerpos sociales. Esto es lo que denominamos “ciudadanía corporativa”. Fórmulas que apuntaban a restringir el sufragio, pero asegurando la inclusión a una parte o todos los miembros de diversos estamentos de la sociedad peruana. Como veremos más adelante, este carácter corporativo tiene que ver, ciertamente, con la estructura social del país, pero también con la debilidad del naciente Estado peruano y la elite de la capital.

La ley de 1834, como veremos, establecía en sus requisitos que podían sufragar los miembros del clero secular, funcionarios públicos, contribuyentes (incluyendo indígenas y artesanos), o los que tuvieran una “profesión científica”. Después de más de una década de debates intensos entre liberales y conservadores, las Constituciones de 1856 y luego la de 1860 llegarían nuevamente a fórmulas corporativas de requisitos alternativos para acceder al derecho al sufragio (en ambos casos, 4). Este aspecto de la Constitución de 1860 no sería reformada sino casi el final del siglo XIX, en 1896.

Ciertamente, algunas nacientes repúblicas del continente, como El Salvador y Honduras, también optaron inicialmente por algún tipo de fórmula legal de alternativas múltiples para acceder al sufragio, que apuntaban también a incluir diversos estamentos sociales. Otras, más que opciones alternativas, tendieron a condiciones complementarias (exigibles a todos), para hacer más restrictivo el acceso al sufragio. Tal fue el caso de Chile, Ecuador y Bolivia (a partir de 1861). Como veremos en este trabajo, en el Perú las soluciones corporativas (opuestas a condiciones generales, necesariamente aplicables a todos), se mantuvieron hasta fines del siglo XIX.

El presente ensayo busca mostrar la particularidad corporativa del derecho al sufragio en el Perú del siglo XIX, así como los procesos políticos y sociales que permiten explicar tanto su vigencia como el final de ese “equilibrio” entre estamentos.

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