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Educación especial: trato desigual en escuelas en Puerto Rico

      
De izquierda a derecha: doctora Lina Torres Rivera, Carmen Warren y el licenciado José Torres Valentín Fuente: Universia
De izquierda a derecha: doctora Lina Torres Rivera, Carmen Warren y el licenciado José Torres Valentín Fuente: Universia

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En el imaginario social, los niños y adolescentes se levantan cada mañana para ir a la escuela y forjar su futuro. Sin embargo, en la realidad en Puerto Rico, decenas de miles de personas ven obstaculizada la posibilidad de progresar.

Se trata de estudiantes de educación especial, cuyas necesidades se discutieron a fondo en el Primer Congreso de Educación Especial: Juan Santiago Nieves, en la Universidad del Sagrado Corazón (USC), en Santurce.

"Nosotros no queremos que esto se quede en este mero evento", dijo ayer la doctora Lina Torres Rivera, catedrática de la USC, en una conferencia de prensa tras el Congreso, celebrado el jueves y viernes de la semana pasada. “Nos vamos a reunir nuevamente en el mes de la educación especial”, mencionó. El evento se grabó y su contenido estará disponible para escuelas y organizaciones en formato DVD.

En el Congreso, se discutió el pleito de clase que hace 33 años entabló Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación (DE) y que, al día de hoy, no ha concluido.

“Durante los pasados cuatro años, el Departamento de Educación, a través de sus representantes legales, impugnó muchísimos temas dentro del pleito”, explicó el licenciado José Torres Valentín. En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo declaró "no ha lugar" y ordenó que Educación se atuviera a lo determinado, y pagara las sanciones correspondientes a las violaciones de derechos a los estudiantes.

El Departamento quedó obligado a desembolsar $1,460,000 por concepto de sanciones. Pero esta disposición no se ha cumplido.

La lucha, que se ha prolongado durante décadas, llamó la atención de los asistentes internacionales al Congreso en la USC. De Argentina, estuvo presente la doctora Agustina Palacios Rizzo; de España, la también doctora María José Alonso Parreño.

“Fue sorpresivo que las expertas que vinieron de nivel internacional reseñaran como que este es el único pleito de clase de este tema, de la educación especial, atendido a nivel mundial”, precisó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres y Madres de Niños y Niñas de Educación Especial de Puerto Rico.

El año pasado, el DE dejó de reembolsar a los padres de educación el costo por transportación. Además, en una escala del 0 al 5 en el cumplimiento de sus deberes, obtuvo 2. Esto, señaló el licenciado Torres Valentín, representa un nivel de incumplimiento substancial que requirió intervención del Tribunal.

Warren atribuyó a “desenfoques de gobiernos”, y no a falta de dinero, el que el presupuesto del DE no alcance a cubrir las necesidades de la población de educación especial.“Vemos la contradicción”, dijo sobre el hecho de que el Departamento paga abogados que le defienden del incumplimiento de deberes, lo que, según dijo, al mismo tiempo tiene el efecto de “atacar a los padres y madres cuando radican una querella” hasta “agotarlos” y causar que desistan de sus reclamos.

“En lugar de enfocar al funcionariado en general del Departamento de Educación a que deben cumplir con las estipulaciones, lo que dice la ley, esta es la forma en la que se deben ofrecer los servicios; se dedica a atacar a los padres y madres cuando radican una querella”.

Aprovechó la ocasión para pedir colaboración a los medios de comunicación, en la difusión de los problemas que afectan a la población de educación especial. “La prensa es la manera en que la gente se entera de las cosas. Podemos gritar y podemos hacer muchísimos esfuerzos para que la gente que está impactada de alguna manera por las acciones o inacciones del gobierno se muevan”, expresó.

Señaló que en el Primer Congreso de Educación Especial “la participación de la prensa fue cero”. Agregó: “Para que realmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el País se entere de lo que pasa aquí, el atropello al que son sometidos todos los días padres, madres y estudiantes de educación especial, la comunidad especial en general… requiere que ese cuarto poder esté activo”.

“Esto es un asunto de urgencia. Es un asunto de vida, es un asunto urgente de atender”, subrayó Warren. Mientras, Torres Rivera, quien además de catedrática es coordinadora del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de la USC, exhortó a “que sigamos haciendo un plan, pero un plan de País en términos de la educación, en términos generales, para que en algún momento ya no se hable de distinguir entre la educación regular y la educación especial, sino que sea una educación donde realmente se atiendan las necesidades específicas de todos y todas, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad”.

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