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UCA tras el desarrollo de una política pública efectiva

      
De esta manera, cerca de 40 invitados de todos los sectores-académico, gubernamental, civil, religiosos y empresarial-se dieron reunieron en días recientes, en la sede de la institución.<br><br>En su mensaje de introducción, Salvador Santiago Negrón, presidente de la <b><a href=https://www.albizu.edu/ class=blacklinks target=black>UCA</b></a>, invitó a los y las presentes a convertirse en "traficantes de conocimiento y forjadores de voluntad política". Además, presentó datos que demuestran los problemas sociales que encara el País y cómo invierte inefectivamente cuantiosos recursos públicos en medidas de "seguridad", porque ignoramos el conocimiento científico y los datos empíricos al formular política pública.<br><br>Asimismo, enfatizó que Puerto Rico tiene la tasa más alta de confinados a por población de la región latinoamericana, así como la segunda más alta de policías a por población. Santiago Negrón demostró el crecimiento en recursos asignados a agencias de seguridad, mientras agregó que, sin embargo, la ciudadanía no se siente segura. <br><br>De este modo, exhortó a que se utilice la información presentada para educar a las membresías de las organizaciones allí representadas y abogó por el cambio ante quienes formulan política pública. <br><br>Por su parte, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Miguel A. Pereira Castillo, invitó a la audiencia a reflexionar sobre el costo al erario público de depender de la encarcelación para manejar aspectos de la criminalidad que se vinculan con los trastornos de drogas.<br><br>Los datos presentados indican que los pobres y personas con baja escolaridad están por mucho sobre-representados en la población penal. La mitad de la población penal ha cursado noveno grado o menos, según Pereira. <br><br>Igualmente, el Secretario mostró cifras que indican que el estado gasta 10 veces más, en mantener el sistema de justicia criminal, que el costo asociado a las pérdidas de las víctimas del crimen.<br><br>Acentuó que cuesta alrededor de seis veces más confinar a una persona con baja escolaridad que el costo anual de educar a un alumno en el Departamento de Educación. Entre tanto, exhortó a la audiencia a una reflexión sobre estas disparidades e instó a reflexionar también sobre acercamientos para lidiar con la conducta criminal, que reduzcan la dependencia en la encarcelación debido a que la tendencia de crecimiento que lleva el sistema de corrección es insostenible para cualquier País.<br><br>Del mismo modo, la doctora Carmen Albizu García, profesora en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, presentó los resultados de un estudio con la población confinada en Puerto Rico, para 2005 que demostró una relación entre encarcelamiento y padecer de trastornos de drogas. <br><br>A pesar que los trastornos de drogas ilegales ocurren en alrededor de 4 por ciento de la población puertorriqueña, entre los 15 y los 64 años, las personas con abuso y/o dependencia a drogas están sobre-representadas en los penales del País, en una proporción que es 10 veces mayor. Indicó además que la drogodependencia y el abuso de drogas ilegales ocurren de manera equitativa, en todas las clases sociales, localidades y niveles de educación en la población general de Puerto Rico. <br><br>Sin embargo, los confinados con trastornos de drogas proceden de los estratos socio-económicas más bajos. Asoció este fenómeno a la complejidad del uso de drogas, e informó que su estudio refleja, que entre personas con un trastorno de drogas y otra enfermedad mental, hay una mayor proporción que incurre en delitos contra la propiedad. La presencia de enfermedad también se asocia con la reincidencia carcelaria, afirmó. <br><br>De este modo, vinculó la asociación entre enfermedad y actividad delictiva a la falta de acceso a tratamiento efectivo para la drogodependencia en el País, sobre todo a las modalidades de tratamiento médico con medicación como la Metadona y la Buprenorfina. <br><br>"Para la persona enferma con un trastorno de drogas que no tiene recursos económicos, el depender de mendigar o de robar facilita la obtención de recursos para poder sufragar su dependencia", indicó Albizu. <br><br>Presentó también, datos que demuestran la reducción en actividad criminal asociada con los tratamientos de medicación, mientras aclaró algunas concepciones equivocadas que tiene la ciudadanía sobre estos tratamientos. Recalcó que ofrecer tratamiento es menos costoso que encarcelar y listó estados ya legislados en esa dirección. <br><br>Los participantes coincidieron en la necesidad de revisar las leyes que sobre-criminalizan y le restan discreción a los jueces para optar por otras alternativas a la encarcelación.<br><br>Recalcaron, de igual modo, que se debe enmendar la Ley de Sustancias Controladas, que data del 1971, y revisar las sentencias mandatarias que, a manera de ejemplo, imponen la misma sentencia de 20 años a quien posee cantidades pequeñas de cocaína para uso personal como al que la trafica. <br><br>La reasignación de recursos invertidos en "mano dura" para dirigirlos hacia la prevención y para retener a los jóvenes en las escuelas fue otro de los puntos comentados, al igual que la necesidad de que en Puerto Rico se revalúen las barreras estructurales que disuaden la creación de empleos.<br><br>Destacaron además, la importancia de ampliar tratamientos ya que impide implantar programas de desvío o alternativas a la encarcelación que están disponibles ya en los tribunales. Mientras, se enfatizó en la deseabilidad de compartir la información con otros sectores, particularmente los alcaldes, quienes reciben de forma directa, en sus municipios el impacto de la criminalidad vinculada con la ausencia de tratamiento para las adicciones.<br><br>Ante este escenario, el grupo se comprometió a continuar con la divulgación de la información allí compartida y a continuar educándose sobre el problema social y de salud, para así viabilizar alternativas más costo-beneficiosas y que reduzcan a su vez la exclusión social que genera acudir a la encarcelación para manejar los trastornos de sustancias entre las personas de escasos recursos del País.<br><br><br>
De esta manera, cerca de 40 invitados de todos los sectores-académico, gubernamental, civil, religiosos y empresarial-se dieron reunieron en días recientes, en la sede de la institución.

En su mensaje de introducción, Salvador Santiago Negrón, presidente de la UCA, invitó a los y las presentes a convertirse en "traficantes de conocimiento y forjadores de voluntad política". Además, presentó datos que demuestran los problemas sociales que encara el País y cómo invierte inefectivamente cuantiosos recursos públicos en medidas de "seguridad", porque ignoramos el conocimiento científico y los datos empíricos al formular política pública.

Asimismo, enfatizó que Puerto Rico tiene la tasa más alta de confinados a por población de la región latinoamericana, así como la segunda más alta de policías a por población. Santiago Negrón demostró el crecimiento en recursos asignados a agencias de seguridad, mientras agregó que, sin embargo, la ciudadanía no se siente segura.

De este modo, exhortó a que se utilice la información presentada para educar a las membresías de las organizaciones allí representadas y abogó por el cambio ante quienes formulan política pública.

Por su parte, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Miguel A. Pereira Castillo, invitó a la audiencia a reflexionar sobre el costo al erario público de depender de la encarcelación para manejar aspectos de la criminalidad que se vinculan con los trastornos de drogas.

Los datos presentados indican que los pobres y personas con baja escolaridad están por mucho sobre-representados en la población penal. La mitad de la población penal ha cursado noveno grado o menos, según Pereira.

Igualmente, el Secretario mostró cifras que indican que el estado gasta 10 veces más, en mantener el sistema de justicia criminal, que el costo asociado a las pérdidas de las víctimas del crimen.

Acentuó que cuesta alrededor de seis veces más confinar a una persona con baja escolaridad que el costo anual de educar a un alumno en el Departamento de Educación. Entre tanto, exhortó a la audiencia a una reflexión sobre estas disparidades e instó a reflexionar también sobre acercamientos para lidiar con la conducta criminal, que reduzcan la dependencia en la encarcelación debido a que la tendencia de crecimiento que lleva el sistema de corrección es insostenible para cualquier País.

Del mismo modo, la doctora Carmen Albizu García, profesora en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, presentó los resultados de un estudio con la población confinada en Puerto Rico, para 2005 que demostró una relación entre encarcelamiento y padecer de trastornos de drogas.

A pesar que los trastornos de drogas ilegales ocurren en alrededor de 4 por ciento de la población puertorriqueña, entre los 15 y los 64 años, las personas con abuso y/o dependencia a drogas están sobre-representadas en los penales del País, en una proporción que es 10 veces mayor. Indicó además que la drogodependencia y el abuso de drogas ilegales ocurren de manera equitativa, en todas las clases sociales, localidades y niveles de educación en la población general de Puerto Rico.

Sin embargo, los confinados con trastornos de drogas proceden de los estratos socio-económicas más bajos. Asoció este fenómeno a la complejidad del uso de drogas, e informó que su estudio refleja, que entre personas con un trastorno de drogas y otra enfermedad mental, hay una mayor proporción que incurre en delitos contra la propiedad. La presencia de enfermedad también se asocia con la reincidencia carcelaria, afirmó.

De este modo, vinculó la asociación entre enfermedad y actividad delictiva a la falta de acceso a tratamiento efectivo para la drogodependencia en el País, sobre todo a las modalidades de tratamiento médico con medicación como la Metadona y la Buprenorfina.

"Para la persona enferma con un trastorno de drogas que no tiene recursos económicos, el depender de mendigar o de robar facilita la obtención de recursos para poder sufragar su dependencia", indicó Albizu.

Presentó también, datos que demuestran la reducción en actividad criminal asociada con los tratamientos de medicación, mientras aclaró algunas concepciones equivocadas que tiene la ciudadanía sobre estos tratamientos. Recalcó que ofrecer tratamiento es menos costoso que encarcelar y listó estados ya legislados en esa dirección.

Los participantes coincidieron en la necesidad de revisar las leyes que sobre-criminalizan y le restan discreción a los jueces para optar por otras alternativas a la encarcelación.

Recalcaron, de igual modo, que se debe enmendar la Ley de Sustancias Controladas, que data del 1971, y revisar las sentencias mandatarias que, a manera de ejemplo, imponen la misma sentencia de 20 años a quien posee cantidades pequeñas de cocaína para uso personal como al que la trafica.

La reasignación de recursos invertidos en "mano dura" para dirigirlos hacia la prevención y para retener a los jóvenes en las escuelas fue otro de los puntos comentados, al igual que la necesidad de que en Puerto Rico se revalúen las barreras estructurales que disuaden la creación de empleos.

Destacaron además, la importancia de ampliar tratamientos ya que impide implantar programas de desvío o alternativas a la encarcelación que están disponibles ya en los tribunales. Mientras, se enfatizó en la deseabilidad de compartir la información con otros sectores, particularmente los alcaldes, quienes reciben de forma directa, en sus municipios el impacto de la criminalidad vinculada con la ausencia de tratamiento para las adicciones.

Ante este escenario, el grupo se comprometió a continuar con la divulgación de la información allí compartida y a continuar educándose sobre el problema social y de salud, para así viabilizar alternativas más costo-beneficiosas y que reduzcan a su vez la exclusión social que genera acudir a la encarcelación para manejar los trastornos de sustancias entre las personas de escasos recursos del País.


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