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Negativa de la Cámara de Comercio a nuevo proyecto

      
El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, licenciado José Julián Álvarez Maldonado, se expresó hoy en torno al Proyecto del Senado 1020. El mismo pretende enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", para aumentar de $10,000 a $25,000 las multas administrativas que pueden ser impuestas a comerciantes por violaciones a las leyes, reglamentos u órdenes emitidas por el Departamento de Asuntos del Consumidos (DACO).

"Medidas como ésta son las que elevan el costo de hacer negocios en Puerto Rico, reducen nuestra capacidad competitiva y opacan los esfuerzos del Gobierno y la empresa privada para impulsar la actividad económica en la Isla. De otra parte, no vemos la necesidad de enmendar la actual Ley Orgánica del DACO y, mucho menos, en momentos donde dichas enmiendas no responden a la realidad comercial existente", señaló Álvarez Maldonado.

El también accionista de la firma Fiddler, González & Rodríguez, PSC, indicó que en la mayoría de las ocasiones las multas se imponen como resultado de errores involuntarios y no porque haya intención de incumplir con la reglamentación del DACO. Entre los ejemplos de las fallas que ocasionan multas a los comerciantes el letrado mencionó:

Artículos sin precio (a veces se caen) aún cuando otros iguales lo tenían en la misma góndola.
Ausencia del letrero que DACO requiere que se coloque en cajas registradoras.
Anuncio de artículos con un 50% de descuento sin indicar el precio final (luego de descontado el 50% de descuento).
Anuncio de mobiliarios a precio especial pero no se indicó que los mismos no están en la tienda sino en el almacén.
Venta de artículos en especial que se venden por completo antes de terminado el especial; aunque la tienda tenía de ese artículo una cantidad similar a la que se vendió en un especial anterior.

Estos casos particulares no pueden, en principio, considerarse como prácticas fraudulentas y engañosas. Tampoco puede considerarse que el comerciante que inadvertidamente se encuentre con una de estas situaciones es un "comerciante inescrupuloso" como, de hecho, se alega en la Exposición de Motivos.

Para el presidente de la CCPR, si el Gobernador le imprime su firma a este proyecto, el mismo pudiera ir en desventaja del mismo consumidor. "Por ejemplo, en el caso de la publicidad, si la multa aumenta a $25,000, los comercios pudieran dejar de publicar sus anuncios por temor a que por un error involuntario reciban una multa. Por ende, el consumidor no se enteraría de dónde y cuáles son los especiales disponibles para economizar y estirar el dólar", dijo el letrado al tiempo que señaló que el sector al detal es uno de los que más aporta a la economía.

En conclusión la Cámara de Comercio no recomienda la firma del Proyecto del Senado 1020, por entender que frena la inversión privada en publicidad, interfiere adversamente con el desarrollo comercial y reduce la competencia en perjuicio del consumidor, entre otras tantas razones. "No podemos seguir provocando legislación que promueva la desconfianza del consumidor en el comercio. En la Isla la competencia es fuerte y todos en el comercio se preocupan por ofrecer al consumidor el mejor precio, producto y servicio posible" terminó enfatizando el letrado.



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